El caso Teatre llega al Constitucional: las víctimas denuncian el blindaje judicial del Ayuntamiento de Murcia
Hay historias que estremecen no solo por la tragedia, sino por lo que revelan sobre el funcionamiento de nuestras instituciones. El caso Teatre es una de ellas. Un relato que mezcla dolor, burocracia, negligencia y un entramado administrativo que hoy pone en cuestión el propio concepto de justicia. A más de dos años del incendio que acabó con la vida de trece personas en las discotecas Teatre y Fonda Milagros, las familias de las víctimas han decidido dar un paso más: llevar su lucha hasta el Tribunal Constitucional.
Lo hacen convencidas de que detrás de las llamas no solo hubo irresponsabilidad empresarial, sino también una cadena de omisiones y prevaricaciones administrativas que permitieron que locales sin condiciones mínimas de seguridad siguieran funcionando como si nada. Lo hacen, además, porque la Audiencia Provincial de Murcia ha cerrado la puerta a investigar esa vertiente municipal. Y es ahí donde todo vuelve al principio: la importancia de las licencias de actividad, las licencias de apertura, las declaraciones responsables y las licencias de obras, que hoy más que nunca se revelan como el muro que separa la legalidad del desastre.
Aquí conviene recordar —y subrayar— que detrás de cada permiso concedido o denegado hay vidas en juego. Y que en el mundo urbanístico actual, tramitar correctamente una licencia de apertura no es un trámite burocrático, sino una exigencia moral y de seguridad pública.
Una tragedia anunciada y una justicia que mira hacia otro lado
Las familias de los fallecidos no buscan venganza, sino explicaciones. No piden castigos ejemplares, sino responsabilidades claras. Desde su punto de vista, resulta incomprensible que la Audiencia Provincial de Murcia haya rechazado abrir una pieza separada para investigar un posible delito de prevaricación administrativa vinculado al Ayuntamiento. Una negativa que, según los afectados, “blinda” al consistorio y perpetúa la impunidad.
El auto judicial sostiene que no existe “conexidad” entre la causa principal —el homicidio imprudente por el incendio— y las irregularidades administrativas en la concesión de licencias. Pero los familiares recuerdan que las discotecas no solo carecían de licencia de apertura, sino también de salidas de emergencia, sistemas antiincendios y evacuación adecuadas. Y que, además, existían actas municipales desde 2018 alertando de las deficiencias. El Ayuntamiento lo sabía. Y pese a ello, permitió que siguieran funcionando.
Licencias, control y seguridad: una tríada que salva vidas
En cualquier ciudad, el otorgamiento de licencias de actividad y licencias de apertura debería ser el escudo más sólido frente a tragedias como la de Atalayas. Sin embargo, este caso demuestra cómo la relajación de los controles puede derivar en consecuencias fatales. Las normas están escritas, los procedimientos definidos y las inspecciones previstas. Pero cuando el control administrativo se convierte en una formalidad, el riesgo se multiplica.
El caso Teatre pone de manifiesto algo que va más allá del suceso: el valor de los procesos técnicos, de los informes de seguridad, y de la verificación constante del cumplimiento normativo. Porque si un local carece de una licencia en regla, no solo incumple la ley: compromete la vida de quienes lo habitan.
En un contexto donde la normativa se actualiza con frecuencia y las responsabilidades se reparten entre propietarios, técnicos y administraciones, conviene conocer a fondo qué implica una correcta gestión de licencias de apertura. No se trata de un papel, sino del cimiento legal y técnico que garantiza la seguridad de trabajadores y clientes.
La responsabilidad administrativa y la sombra de la prevaricación
Los informes técnicos del Ayuntamiento de Murcia dejaban constancia de que Teatre y Fonda Milagros funcionaban sin las medidas exigidas por ley. Sin embargo, la actividad continuó. Los familiares aseguran que se permitió operar mediante simples instancias de legalización, una práctica “ilegal” que, según ellos, constituye un caso claro de prevaricación.
El debate jurídico gira ahora en torno a si esa permisividad puede considerarse delito. Pero el debate social va más allá: ¿cuántos locales en España siguen operando bajo el paraguas de la informalidad? ¿Cuántas tragedias potenciales están latentes por falta de inspección? Este caso, más allá de su dimensión judicial, debería servir de llamada de atención a todos los ayuntamientos del país sobre la necesidad de revisar sus mecanismos de concesión y control de licencias.
Declaraciones responsables y licencias de obras: el nuevo campo de batalla
En los últimos años, la figura de la declaración responsable ha simplificado los trámites urbanísticos, permitiendo iniciar actividades o ejecutar obras con una simple manifestación de cumplimiento. Sin embargo, esa agilidad administrativa requiere rigor técnico. Cuando la declaración sustituye al control, se abren grietas que pueden derivar en desastres.
El incendio de Teatre expone esa grieta con crudeza: locales que se declaraban conformes, sin serlo. Licencias caducadas, obras sin proyecto, y un control municipal difuso. En ciudades como Madrid, donde el volumen de actividad es enorme, conocer los procedimientos adecuados para tramitar licencias obras madrid se convierte en una cuestión no solo legal, sino ética.
La tragedia murciana recuerda que el cumplimiento normativo no es un obstáculo, sino una garantía. Las declaraciones responsables, cuando se aplican correctamente, son herramientas útiles; cuando se abusan de ellas, se transforman en bombas de relojería.
Un camino de dolor que busca justicia
El padre de una de las víctimas, Jairo, lo resumía con crudeza: “Las discotecas funcionaban sin licencia de apertura por más de una década”. Su testimonio, entre lágrimas, no solo denuncia la inacción administrativa, sino también la sensación de desamparo. A su juicio, la justicia ha actuado como un “escudo” para los responsables municipales.
La Audiencia Provincial, al rechazar investigar la posible prevaricación, ha cerrado una puerta… pero ha abierto otra: la del Tribunal Constitucional. Las familias se acogen ahora a su derecho a la tutela judicial efectiva, confiando en que la instancia suprema del Estado abra una investigación sobre las responsabilidades institucionales.
El eco social y la urgencia de una revisión normativa
La magnitud de la tragedia y la falta de respuesta administrativa han generado un debate profundo sobre el modelo de control de actividades en España. ¿Es suficiente la actual normativa sobre licencias? ¿Debería reforzarse la inspección? ¿Y qué papel tienen los colegios profesionales, los técnicos competentes y los propios empresarios en este engranaje?
Desde nuestra experiencia en el ámbito de la ingeniería y la tramitación urbanística, lo afirmamos sin rodeos: la prevención empieza por el cumplimiento. Las licencias de actividad, las licencias de apertura y las licencias de obras son pilares que sostienen la legalidad y la seguridad. Ignorarlos es jugar con fuego, literalmente.
Más allá del caso Teatre
El caso Teatre no es solo una tragedia murciana, sino un espejo que refleja las carencias estructurales de nuestro sistema de control administrativo. Un recordatorio de que los permisos, las inspecciones y los informes técnicos no son un trámite, sino la primera línea de defensa frente a la catástrofe.
Hoy, mientras las familias claman justicia y los tribunales debaten competencias, la sociedad debe preguntarse si estamos dispuestos a seguir permitiendo que la dejadez burocrática cueste vidas. La seguridad empieza en el papel, sí, pero termina en la realidad tangible de cada local, de cada puerta de emergencia, de cada licencia correctamente tramitada.
Y esa, precisamente, es la gran lección del caso Teatre: que las llamas no solo devoran estructuras, sino también la confianza en un sistema que debería protegernos a todos.
