Figueres multa a dos comercios por no rotular en catalán y avisa a otros doce: cuando la normativa lingüística choca con la realidad empresarial
En Figueres, la noticia ha corrido de escaparate en escaparate: el Ayuntamiento ha multado a dos comercios por no rotular en catalán y ha abierto expediente a una docena más. No es nuevo, ni sorprendente, pero sí representativo de una realidad que, a estas alturas, sigue generando debate: la tensión entre el cumplimiento normativo y la libertad empresarial. En un contexto donde las licencias de actividad, las declaraciones responsables y las licencias de apertura son imprescindibles para echar a andar cualquier negocio, la rotulación lingüística se suma como otro de esos detalles que pueden costar caro si no se cuidan.
Multas por no rotular en catalán: el trasfondo normativo de Figueres
El Ayuntamiento de Figueres, amparado en la Ley de Política Lingüística de Cataluña, ha decidido aplicar la normativa con firmeza. Dos establecimientos han sido sancionados con multas que podrían alcanzar los 3.000 euros, y otros doce deberán adaptar su señalización en un plazo determinado. El consistorio ofrece, eso sí, un servicio de asesoramiento lingüístico gratuito a través del Consorcio para la Normalización Lingüística. Buena intención, sí, pero que no disipa el malestar de muchos empresarios locales, que se ven atrapados entre la burocracia y la supervivencia.
En esta situación, muchos comerciantes descubren que lo más importante no es solo colgar el rótulo correcto, sino contar con todas las licencias de apertura en regla, desde la licencia urbanística hasta la declaración responsable. Porque si algo está claro, es que abrir un local en España, y más aún en Cataluña, implica un recorrido administrativo tan largo como exigente.
Licencias, normativas y la delgada línea entre la legalidad y la sanción
Cuando un emprendedor decide levantar la persiana de su negocio, lo último que imagina es que el idioma del rótulo pueda convertirse en un problema legal. Sin embargo, la legislación catalana es clara: toda información de carácter público debe estar, como mínimo, en catalán. Esto incluye menús, carteles, etiquetas, señalización y, por supuesto, los rótulos exteriores.
Más allá del debate cultural, el verdadero foco está en la seguridad jurídica. Tener la documentación al día —licencia de obras, de actividad, y de apertura— no solo evita sanciones, sino que demuestra cumplimiento, profesionalidad y respeto por el entorno normativo. Y es que la mayoría de sanciones en materia comercial no llegan por mala fe, sino por desconocimiento de los procedimientos.
Por eso, las empresas especializadas en tramitación de licencias se han vuelto imprescindibles para asesorar a pequeños negocios. Desde el plano técnico hasta el jurídico, gestionar correctamente una licencia de apertura puede marcar la diferencia entre abrir con tranquilidad o acumular expedientes y sanciones.
Rotular en catalán: obligación legal o exceso regulatorio
El concejal de Lengua Catalana, Josep Maria Bernils, ha sido tajante: “Encontramos establecimientos que no utilizan el catalán y eso no lo podemos tolerar en una ciudad como la nuestra”. Una afirmación que refleja la determinación del consistorio por hacer cumplir la ley, pero que también reabre una discusión social de fondo: ¿hasta qué punto debe una administración intervenir en la imagen de un negocio privado?
La concejala de Urbanismo, Núria Bartrolich, recordaba que al tramitar una licencia se informa a los titulares sobre la normativa lingüística. “Primero avisamos, pero si no se hace el cambio, el Ayuntamiento puede actuar subsidiariamente y retirar el rótulo”, explicaba. Y así, un simple cartel puede acabar siendo motivo de inspección, sanción o incluso retirada forzosa.
En el fondo, no se trata solo de un tema lingüístico, sino de una cuestión administrativa. Porque si el rótulo incumple la normativa, la multa puede derivar también en una sancion por no tener licencia de apertura correctamente actualizada o en una suspensión temporal de la actividad. El idioma, al final, puede ser la punta del iceberg de un expediente mucho más amplio.
El papel de las licencias de actividad en el cumplimiento normativo
Toda empresa que desee abrir sus puertas en España debe tramitar una licencia de actividad o, en algunos casos, una declaración responsable. Estos documentos acreditan que el negocio cumple las condiciones técnicas, ambientales y de seguridad exigidas por la administración. Desde la extracción de humos en una cafetería hasta la insonorización de un gimnasio, todo cuenta.
En ciudades como Figueres, donde las normativas locales conviven con las autonómicas, cada paso administrativo requiere precisión. Una licencia mal gestionada puede paralizar obras, impedir la apertura o derivar en multas cuantiosas. Por eso, confiar en empresas con experiencia en gestión de licencias de apertura es más que recomendable: es una medida de autoprotección.
La paradoja del comercio local: cumplir para poder vender
Mientras la campaña lingüística del Ayuntamiento busca “reforzar el uso del catalán en el comercio y la atención municipal”, muchos autónomos se enfrentan a la paradoja de intentar cumplir con la ley mientras luchan por mantener su negocio a flote. Las inspecciones, los plazos, los informes técnicos, los permisos de obras menores… cada paso es una pequeña prueba de resistencia burocrática.
Y aunque la defensa del idioma forma parte de la identidad catalana, lo cierto es que para el pequeño empresario la prioridad es otra: sobrevivir. Nadie discute la riqueza cultural de la lengua, pero cuando una multa por rotular en castellano puede poner en riesgo un negocio familiar, la cuestión adquiere otro matiz.
Figueres y su apuesta por la “normalización lingüística”: entre la cultura y el reglamento
El Ayuntamiento de Figueres ha hecho de esta campaña uno de los ejes de su nueva concejalía de Lengua Catalana. La iniciativa incluye también proyectos con la Fundación Salud Empordà y el programa “Comercios aprendices”, con formaciones para fomentar el uso del catalán. Desde una perspectiva cultural, la medida busca reforzar la identidad local; desde una empresarial, introduce nuevas obligaciones que muchos perciben como un obstáculo añadido.
No obstante, el mensaje de fondo debería ser otro: cumplir la normativa no es una opción, es una necesidad. Ya sea en materia lingüística, de seguridad o de urbanismo, cada detalle cuenta. Tener las licencias de actividad y la documentación al día no solo evita sanciones, sino que demuestra que el negocio está preparado para operar con garantías.
Normativa, identidad y supervivencia empresarial
La sanción de Figueres no es un caso aislado, sino el reflejo de una tendencia creciente: la administración intensifica el control sobre todos los aspectos del comercio local, desde la lengua de los rótulos hasta la disposición de los extintores o la insonorización de los locales. En ese contexto, quien se retrasa en cumplir la normativa lo acaba pagando —literalmente—.
Porque en el mundo de las licencias, lo que parece un simple detalle puede convertirse en una multa que duela. Y porque, a fin de cuentas, el idioma del cartel importa… pero el idioma de la legalidad, aún más.
