Menorca abre la puerta a tres compañías para tramitar licencias de construcción
En un paso decisivo hacia la modernización administrativa, Menorca ha dado luz verde a tres compañías privadas para gestionar licencias de actividad, declaraciones responsables, licencias de apertura y licencias de obras. Esta medida, contemplada en la Ley 7/2024 de simplificación administrativa del Govern balear, se presenta como una solución concreta a los retrasos que sufren los particulares y empresas a la hora de obtener permisos de construcción en la Isla.
El contexto de las licencias en Menorca
Hasta hace poco, la concesión de una licencia de obra en Menorca podía extenderse hasta dos años, provocando una sensación de colapso entre los ciudadanos y empresarios. La saturación de los departamentos municipales de Urbanismo ha generado la necesidad de externalizar la tramitación, ofreciendo así una vía más ágil y eficiente.
Para dar respuesta a esta necesidad, el Consell de Menorca ha autorizado a tres entidades privadas —Aucatel, Aeclu y AB-EIC Control Reglamentario— para actuar como intermediarias ante todos los ayuntamientos de la Isla. Estas entidades, conocidas como EPCU o ECU, están plenamente capacitadas para tramitar certificados de urbanismo, informes técnicos y jurídicos necesarios para la obtención de licencias de obra en suelo urbano. Es importante subrayar que esta posibilidad no se extiende al suelo rústico, que sigue regulándose de forma tradicional.
Cómo funciona la externalización de licencias
Los particulares interesados pueden acudir directamente a estas empresas para solicitar la tramitación de sus permisos. Una vez preparados los certificados y la documentación correspondiente, se presentan ante los ayuntamientos para su aprobación. Esta vía pretende acelerar los plazos de concesión y aliviar la carga de trabajo de los departamentos municipales.
La legislación balear establece que los consells insulares son los órganos competentes para autorizar a estas entidades, y por ello el Consell de Menorca ha creado un registro oficial de entidades acreditadas. De esta manera, cualquier ciudadano puede consultar qué compañías están habilitadas para operar en la Isla y contratar sus servicios con total seguridad.
A este respecto, la consellera de Ordenación Territorial y Turística, Núria Torrent, ha declarado: «La ley dice que en Balears se podrán tramitar las licencias a través de estas empresas, pero da la potestad a cada ayuntamiento para que especifique si no quiere trabajar con ellas o si opta por poner alguna limitación».
En este contexto, la externalización se convierte en un aliado clave para cumplir con los estándares de eficiencia y seguridad administrativa que requieren las licencias de actividad, declaraciones responsables y licencias de apertura. Asimismo, este modelo ofrece una mayor claridad y responsabilidad en la tramitación, al trasladar parte de la carga al sector privado especializado.
Es importante destacar que esta tendencia no es exclusiva de Menorca. En otras ciudades españolas, como Sevilla, la tramitación a través de empresas acreditadas se ha consolidado como una práctica habitual para agilizar procesos. Por ejemplo, la licencia obra menor Sevilla ha mostrado cómo estas soluciones externas pueden reducir significativamente los tiempos de espera.
Beneficios y retos de la externalización
Entre los principales beneficios destacan:
- Reducción de plazos: Los trámites que antes podían tardar hasta dos años pueden completarse en meses.
- Especialización: Las entidades privadas cuentan con técnicos y juristas especializados en normativa urbanística y de construcción.
- Seguridad jurídica: La documentación se tramita bajo responsabilidad profesional de las empresas acreditadas.
- Mayor acceso para particulares: Los ciudadanos disponen de una vía alternativa para agilizar sus proyectos de construcción.
Sin embargo, persisten ciertos retos. Algunos ayuntamientos aún expresan dudas sobre la responsabilidad legal en caso de errores o desaparición de la empresa. Por ejemplo, en Es Mercadal, el alcalde Joan Palliser se pregunta: «¿Qué pasaría a nivel de responsabilidad si la empresa desaparece?».
Además, existe cierta incertidumbre respecto al cobro de tasas y al tratamiento del impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO), aunque la práctica general indica que el ciudadano solo deberá abonar el impuesto correspondiente al presentar los certificados emitidos por las entidades acreditadas.
A pesar de estas dudas, la externalización sigue siendo vista como una medida positiva para reducir los retrasos históricos y garantizar la eficiencia de los procesos de licencias de obra, licencias de apertura y declaraciones responsables. En lugares como Alaior, el concejal de Urbanismo, Llorenç Masacaró, asegura que «cualquier particular que lo desee puede acudir ya a estas empresas para tramitar los permisos y presentarlos en el ayuntamiento».
Asimismo, la experiencia de otras Islas Baleares demuestra que los resultados son prometedores. Según Vicenç Castillo, director general de Aucatel: «En Mallorca hemos constatado un gran interés por parte de los ciudadanos y empresarios, y hemos visto cómo se agilizan significativamente los trámites».
En este punto, es importante mencionar que la externalización también permite un mejor control y seguimiento de los expedientes, lo que reduce errores administrativos y facilita la verificación de la documentación. La licencia de obra tramitada a través de entidades privadas en otras comunidades sirve como ejemplo claro de cómo se puede garantizar la eficacia sin comprometer la legalidad.
Dudas persistentes y perspectivas futuras
A pesar del entusiasmo inicial, algunos consistorios mantienen reservas. En Ciutadella, la concejala de Urbanismo, Sandra Moll, planea reuniones con las entidades para conocer su operativa antes de dar luz verde definitiva. Esta cautela es comprensible, dado que la externalización de procesos administrativos constituye un cambio significativo en la forma de gestionar licencias urbanísticas.
No obstante, los beneficios superan con creces los inconvenientes. Los plazos de concesión, que en el pasado podían superar un año, se reducirán considerablemente, y los ciudadanos podrán disponer de servicios de alta especialización sin necesidad de ampliar la plantilla municipal. En este sentido, la externalización es un paso firme hacia la modernización administrativa en Menorca.
Para aquellos interesados en seguir la evolución de esta medida, las noticias locales y especializadas ofrecen información actualizada sobre los avances y casos prácticos en la Isla.
La importancia de las licencias en la actualidad
La autorización a estas tres compañías representa un cambio paradigmático en Menorca, subrayando la importancia de las licencias de actividad, declaraciones responsables, licencias de apertura y licencias de obras. La externalización permite a los ciudadanos y empresas ahorrar tiempo, contar con asesoramiento experto y garantizar la seguridad jurídica en la tramitación de permisos. La colaboración público-privada, respaldada por la Ley 7/2024, marca el camino hacia un sistema más ágil, moderno y eficiente.
Por lo tanto, Menorca abre la puerta a una nueva era administrativa en la que la especialización y la responsabilidad profesional de las entidades privadas pueden transformar la experiencia de los ciudadanos al solicitar permisos y licencias, alineando la Isla con las mejores prácticas de gestión urbana y administrativa en España.
